GOBIERNO CORPORATIVO

Substrate AI considera que el buen gobierno corporativo es un factor esencial para la generación de valor, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de sus inversores, a través de una adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades entre los órganos de gobierno y administración de la sociedad.

Substrate AI dispone de una estructura organizativa y un sistema de control interno que le permite cumplir con las obligaciones informativas impuestas por la Circular 3/2020, de 30 de julio, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity.

El equipo directivo del Emisor cuenta con la experiencia y formación necesarias para asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones por su parte. Está formado por Lorenzo Serratosa, Chairman del Emisor, José Iván García, CEO del Emisor, y Nicolás Damiá Serratosa, CFO del Emisor.

Conflicto de intereses
El emisor tiene aprobada una Política de Conflicto de Interés que forma parte del sistema de gobierno corporativo y tiene por objeto establecer los procedimientos de actuación que deberán seguirse en materia de prevención, o en su caso, tratamiento de los conflictos de interés en los que pudieran encontrarse el accionista, los miembros del Consejo de Administración, Directivos y resto de empleados en sus relaciones con la Compañía, así como respecto de los conflictos que puedan plantearse con clientes, proveedores y otros grupos de interés.

Comité de Cumplimiento de las Normas Aquis
Formado por Lorenzo Serratosa, Nicolás Damiá, Marta Gómez (Responsable Administración) y Carmen Damiá (CMO).

Comisión de Auditoría
Además, el emisor cuenta con una comisión de auditoría interna dependiente del consejo de administración y presidida por los consejeros Jesús Mota y Christopher Dembik responsable mensualmente de las tareas siguientes:

• Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.
• Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
• Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.
• Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
• Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
• Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del auditor de cuentas.
• Tener conocimiento de las políticas fiscales aplicadas por la Sociedad.
• Supervisar la aplicación de la política de responsabilidad social corporativa de la Sociedad y realizar el seguimiento de la estrategia y las prácticas de responsabilidad social corporativa.
• Evaluar aquellas cuestiones relacionadas con los riesgos no financieros de la Sociedad, incluidos los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales, así como coordinar el proceso de reporte de la información no financiera.
• Informar, con carácter previo, al Consejo sobre todas las materias previstas en la ley, los Estatutos y en el Reglamento del Consejo y en particular, sobre:
• La información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente;
• La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y las operaciones con partes vinculadas.

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